En el año 2007, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quiso imponer a un delegado de esta institución en el estado de guerrero, sin la consulta y participación de los pueblos originarios de este  estado, tal como lo marca y dicta el Art. 2º de nuestra carta magna, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas, sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Ante esta embestida por parte del gobierno federal y estatal; los pueblos y organizaciones indígenas de este estado sureño se organizaron y lucharon para detener esta imposición.